lunes, 4 de enero de 2010

En contra del "Manifiesto por una lengua común"

El documento fue redactado por un amigo ya hace tiempo y en cuyo grupo facebookiano reunió unos 12000 adeptos, evidentemente de las naciones, regiones o comunidades autonómas de esa nación, estado o pais que se hace llamar España en las que aparte de hablar castellano se intenta hablar un idioma que llamemos propio, así en cursiva, para que no hiera sensiblidades.

No lo digo para meterme con nadie -o a lo mejor sí lo hago, pero por eso es esto mi blog y en el hago lo que me da la gana- pero el hecho que en Galicia se intenta hablar un idioma que se llama gallego, en Euskadi el euskera y en Catalunya el catalán me hace pensar que esos idiomas pertenecen tanto a sus zonas de influencia, como el italiano lo es de Italia o el maltés de Malta.
Ante la problemática que estamos viviendo en Galicia con el gallego y los talibanes lingüisticos de Galicia Bilingüe en una Galicia en la que se puede sintonizar cinco cadenas de televisión en esa lengua común y solo una en la lengua esa propia pero tratada por algunos como lengua extranjera, con la inmensa mayoria de la prensa escrita en la lengua común y uno que yo conozca en la lengua propia, es decir, para que no se nos olvida, se llama gallego (GA-LLE-GO, para los que no son capaz de leer tan rápido como yo escribo) algunos algunos venm algunos indicios que en Galicia se está maltratando al castellano.
Ya sé que hablando se entiende la gente, pero ante el temor de que esa gente no entienda la lengua en la que hablo simplemente reproduzco el análisis que hizo Andrés del Manifiesto por una lengua común.
Para más información, este es el link del grupo.




A
l contrario de lo postulado por el denominado "Manifiesto por la lengua común", en el estado español no existen razones para preocuparse por la situación institucional de la lengua castellana.

Conviene tener presente que la comunicación es un fenómeno que tiene lugar entre personas, para el cuál los diferentes idiomas son un vehículo. La lengua que se habla en un territorio es aquélla que sus ciudadanos eligen utilizar, independientemente de cualquier imposición que puedan verse obligados a soportar. Esto incluye toda presión gubernamental de cualquier tipo u origen así como la presión de aquéllos que no participan en el día a día de dicho territorio, que son ajenos al mismo.

Las lenguas son un vehículo para describir y entender lo que nos rodea, y la vida política es sólo un aspecto de todo ello. Es legítimo cuestionarse si existe lo que los que suscriben el "Manifiesto por la lengua común" definen como "lengua política". De hecho, imponer que la política ocupe un lugar de la vida de todos los ciudadanos es limitador y reduccionista. Además, queda por ver cuáles son los beneficios de contar con "una única lengua política", frente su lógica alternativa: ser capaces de describir la realidad política desde la perspectiva de lenguas diferentes.

Asimismo, la asimetría entre las diferentes lenguas que se hablan en el estado español no es una mera cuestión de derecho constitucional, sino una realidad que se da en la naturaleza: mientras que el castellano tiene entre 400 y 500 millones de hablantes en 24 países, el catalán tiene 9 millones de hablantes en 4 países, el euskera tiene un millón de hablantes en 2 países y el gallego tiene alrededor de 4 millones de hablantes en España. Pero si insistimos en limitar la discusión al ámbito constitucional cabe recordar que la doctrina del Tribunal Constitucional da apoyo a la discriminación positiva a los menos favorecidos en aras de la aplicación del principio de igualdad.

Lo que es más: si, tal y como postula el manifiesto, son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos y, por tanto, las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en ámbitos institucionales, entonces el castellano no puede imponerse, y la asimetría no puede esgrimirse como argumento, porque es una característica de la lengua, no de los ciudadanos.

Es por todo ello que no es necesario "fijar inequívocamente" punto alguno, tal y como sugiere el antedicho "Manifiesto", ya que el marco legal actual es suficiente para garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos del estado español. Especialmente porque dichos puntos pueden entenderse fácilmente como imposiciones por parte de quienes pretenden alterar el equilibrio cultural de los pueblos que forman parte de España.

No importa cuántas personas las apoyen, o el prestigio social, cultural o deportivo de quienes las suscriban: lo falso no será cierto, lo exagerado no se ajustará a la realidad y las mentiras serán siempre mentiras.


Por Andrés Catalán Cárdenas

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